El Salvador recibió a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y a 23 supuestos integrantes de la MS-13, deportados desde Estados Unidos bajo órdenes del presidente Donald Trump. Estos individuos fueron trasladados al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad del país con capacidad para 40.000 reclusos.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, agradeció a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su cooperación en este proceso. Según Bukele, EE.UU. pagará 20.000 dólares al año por cada prisionero enviado a El Salvador, lo que contribuirá a financiar el sistema penitenciario salvadoreño, cuyo costo anual asciende a 200 millones de dólares.
El Tren de Aragua y su impacto en la región
El Tren de Aragua es una organización criminal que nació en Venezuela y se ha expandido por América Latina, vinculándose con actividades como el tráfico de drogas y la trata de personas. La administración Trump ha calificado a esta pandilla como una organización terrorista, aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las deportaciones, una medida que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial.
La llegada de estos reclusos a El Salvador forma parte de un acuerdo entre Washington y el gobierno de Bukele para reforzar la lucha contra el crimen organizado en la región. Sin embargo, la medida ha generado polémica, con críticos que advierten sobre los posibles riesgos de alojar a criminales extranjeros en suelo salvadoreño.
¿Qué implicaciones tendrá esta estrategia a largo plazo?
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