El puente internacional de Rumichaca, que conecta a Ecuador con Colombia, continúa cerrado por más de 24 horas debido a una protesta de comunidades indígenas de ambos países. La manifestación fue desencadenada por la decisión de las autoridades de derribar varios puentes ilegales que conectan las dos naciones a lo largo de la frontera. Las comunidades indígenas, que han utilizado estos pasos informales para movilizarse y comercializar productos, se han visto afectadas por la medida, lo que ha generado un fuerte rechazo.
Los puentes ilegales, que fueron desmantelados por el gobierno de Colombia como parte de un esfuerzo para controlar el paso de personas y bienes fuera del marco legal, eran utilizados históricamente por las comunidades de ambos lados de la frontera. La protesta comenzó el día de ayer, cuando representantes indígenas bloquearon el acceso al puente de Rumichaca exigiendo la reapertura de estos pasos y la revisión de las políticas migratorias y de control fronterizo.
El cierre del puente ha generado un caos considerable, afectando a miles de personas que intentan cruzar la frontera, principalmente comerciantes y turistas. Según estimaciones locales, alrededor de 5,000 personas se encuentran atrapadas entre ambos países, esperando poder retomar sus actividades. La protesta se centra en la defensa de los derechos territoriales y el rechazo a las medidas que las comunidades consideran lesivas para su bienestar económico y social.
La Gobernación de Nariño, en Colombia, ha asumido un papel de mediador en este conflicto, buscando encontrar una solución pacífica entre los manifestantes y las autoridades nacionales.
Por el momento, las negociaciones entre los actores involucrados continúan, mientras las autoridades de Carchi y Nariño trabajan en conjunto para restablecer el flujo de personas a través del puente y solucionar el conflicto generado por el cierre de los puentes ilegales. La reapertura del paso fronterizo sigue siendo incierta, y la presión de las comunidades indígenas continúa creciendo. La situación pone en evidencia la necesidad urgente de un enfoque integral para abordar los problemas en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde el contrabando, el tráfico ilegal de personas y la falta de infraestructura adecuada siguen siendo desafíos importantes.